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| Costa Caribe Hotel |
Luego de tres años del impasse que llevó a la quiebra a los casinos Dream, la Dirección de Casinos reporta que seis de los establecimientos de apuestas que tenía la empresa de origen canadiense están en funcionamiento, sin embargo Diario Libre halló diez que continúan operando
SANTO DOMINGO. La deuda dejada por Dream Casinos, que ahora asciende a más de RD$637,420,000, pudo ser reducida con el embargo del residencial de apartamentos Oasis de Bávaro, que según supo Diario Libre tenía la compañía extranjera en el municipio de Higüey, La Altagracia.
Los apartamentos aparecen representados por el canadiense Andrew Michael Pajak, sin embargo, la titularidad de propiedad corresponde a la empresa DCC Resd Oasis, la cual fue creada en octubre de 2011 para promover e invertir en empresas comerciales, industriales, turísticas, sociedades financieras y de bienes raíces.
De acuerdo con registros de título que conserva la Jurisdicción Inmobiliaria, el residencial de unos 30 apartamentos con superficies de hasta 116 metros cuadrados, fue adquirido por Pajak en 2013 cuando la deuda impositiva llevaba un año de iniciada. Los apartamentos con dos y tres habitaciones, eran alquilados a US$55, unos RD$2,475 la noche al público en general y fueron vendidos hace más de un año. El ingeniero Armando Zagaglione era el administrador general.
En el residencial se ofrecía a los interesados una zona de recreo con gazebo y parilla, piscina común y parqueo privado vigilado las 24 horas y seguridad armada.
¿Qué ha pasado con Dream casinos?
Luego de tres años del impasse entre sus directivos que llevó a la quiebra a Dream Casinos en el país, seis de los doce casinos que operaban ya están funcionando bajo otra administración, según informó la Dirección de Casinos y Juegos de Azar.
Sin embargo, este medio confirmó que son diez los que están trabajando y solo dos mantienen sus puertas cerradas desde hace tres años cuando se descubrió la referida mafia de los hermanos Carbone.
De acuerdo con el informe de la Dirección de Casinos, los casinos Hamaca, situado en Juan Dolio; Punta Cana Grand, ubicado en Cabeza de Toro, Higüey; Grand Oasis Marien, en Puerto Plata, se encuentran funcionando luego de que a través de las resoluciones DM/7969, DM/7970 y DM7971, respectivamente, la Comisión de Casinos validara su apertura en fecha 05 de diciembre de 2014.
Los tres casinos están ahora bajo la administración de la sociedad comercial Riverbound Investment Group SRL, representada por el señor Guillermo Pañeda Reinlein, a quien según informes de prensa se le conoce como ejecutivo de la línea aérea Air Europa.
Por cada uno se le pide cumplir el pago de RD$1 millón, para la cobertura de gastos administrativos como lo exige la Ley 351-1964 que autoriza la expedición de licencias para el establecimiento de salas de juego de azar. Por el mismo concepto, Dream casinos solo pagaba RD$25,000, según consta en varias resoluciones emitida por la Comisión de Casinos.
Riverbound Investment Group aparece registrada en el territorio nacional como una empresa dedicada a la provisión de servicios de consultoría, asesoría y de publicidad en general e inversión de todo tipo. Fue expedida en agosto de 2014.
Además, según el informe de Casinos, está funcionando desde el 17 de abril de 2015 el casino Diamante Meliá, del hotel Sheraton, localizado en Santo Domingo; desde el 29 de mayo del mismo año el casino Dominicus, Bayahíbe, provincia La Altagracia, y el casino Matúm, ubicado en Santiago, desde el 14 de octubre de 2016. Este último cuenta con una nómina de alrededor de 161 empleados.Los seis casinos restantes: Jack Tar Village y Riu Bachata, ambos ubicados en Puerto Plata; Riu Palace, situado en Macao, Higüey; Costa Caribe, en Juan Dolio; Dominican Fiesta, Santo Domingo; Fiesta Palace, Bávaro Higüey.
El titular de la Dirección de Casinos comunicó de manera verbal y escrita que los casinos se encuentran cerrados a la fecha.
“En estos momentos de los doce casinos que tenía Dream, de ninguno ellos están al frente, de todos salieron con cierres formales, han entrado otras sociedades y otros están cerrados al momento”, explicó Oscar Chalas, presidente de la Comisión de Casinos y Juegos de Azar.
Mediante visitas y llamadas telefónicas a cada uno de ellos, Diario Libre pudo constatar que solo el Jack Tar Village y el Costa Caribe se encuentran cerrados, los empleados de los hoteles aseguran que el resto está funcionando.
Pero no solo a este medio se le informó el cierre a la fecha de estos casinos, al parecer también inversionistas interesados han recibido la información. Uno de ellos, según se informó a este diario, es el extranjero Juan José (Pepe) Hidalgo, quien supuestamente funge como propietario del 50% de las acciones de Riverbound Investment Group, compañía operadora de tres de los casinos a los que se les dio apertura tras la quiebra de Dream.
A decir por una carta enviada el 28 de febrero de este año al ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, por un representante de estos inversionistas, Hidalgo estaría interesado en administrar los casinos de los hoteles Fiesta Bávaro y Dominican Fiesta, pero no ha podido debido a que la nueva administración de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar y el nuevo enlace de la Comisión de Casinos e Impuestos Internos, Eric Medina Castillo, exigen a los nuevos interesados el pago de la deuda impositiva dejada por Dream para reabrirlos.
La exigencia es vista por involucrados en el sector de los juegos de azar, que pidieron no colocar sus nombres, como una violación al artículo 15 de la Ley 351 que destaca que antes de entrar en vigencia una concesión otorgada de conformidad con esta ley, el concesionario deberá prestar una fianza que no excederá de RD$20,000, en la actualidad RD$1 millón, y que constituirá en primer término la garantía del concesionario frente a la operación de establecimientos destinados al juego de azar, y que deseen continuar dicha operación. Entienden que el saldo de esta deuda corresponde a Casinos Dream.
Estar al día con el pago de las obligaciones fiscales es uno de los requisitos que solicita el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección de Casinos para instalar y operar un casino en República Dominicana. A esta entidad deben llevar una certificación expedida por Impuestos Internos que certifique la no existencia de deudas.
Diario Libre intentó realizar una entrevista a Erick Medina, también subdirector jurídico de la Dirección de Impuestos Internos, para conversar sobre este compromiso económico dejado por Dream, pero argumentó que no correspondía a él hablar del tema.
En la actualidad República Dominicana cuenta con unos 75 casinos, aunque solo 53 están en funcionamiento. Se estima que la actividad de estos representa un 1% del PIB (Producto Interno Bruto) de la nación. De acuerdo a informes de la DGII, solo por concepto de impuestos de los casinos en los últimos siete años el país ha percibido RD$1,318.3 millones de recaudación.
Luego de lo ocurrido con los casinos Dream, las autoridades de la Dirección de Casinos manifestaron que han intensificado el proceso de depuración, pues según informes de prensa estaban siendo operados por una red de mafiosos.
“A raíz del caso Dream, se ha hecho necesario transparentar a los casinos y es imposible comenzar a operar o registrarse para operar un casino o tener una licencia, sin demostrar solvencia financiera, moral y ética, y eso es algo que se está cumpliendo a rajatabla y con estándares internacionales para los operadores del sector; además nos comunicamos con Impuestos Internos para ver si la persona que solicita el servicio está al día con sus impuestos, sino está al día no se le da curso”, explicó Chalas a este medio.
De acuerdo a informes recibidos y confirmados por la Dirección de Casinos, la corporación Dream también enfrenta deudas millonarias por concepto de impuestos generados por alrededor de las 1,000 bancas de apuestas y 200 bancas deportivas que operaba.
A la fecha, Dream casinos mantiene su registro en el país para la operación de casinos y centros de entretenimientos bajo la titularidad de Andrew Michael Pajak y la gestión de Ydelfonso Valverde Germosén, con caducidad al mes de abril de 2021.
Fuente: Diario Libre
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