Con el desplazamiento de la Asamblea, el gobierno de Maduro puede ahora tomar medidas que requerían del aval parlamentario
La decisión de la Justicia venezolana -controlada por el chavismo- de asumir las potestades de la Asamblea Nacional permitirá al presidente Nicolás Maduro adoptar medidas que requieren aval parlamentario y que eran bloqueadas por la oposición que controla ese poder del Estado.
La sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela señaló que asumió las "competencias" de la Asamblea Nacional de ese país para "velar por el Estado de Derecho". La decisión la mantendrá vigente mientras haya "situación de desacato" del Parlamento, indicó el organismo.
La "situación de desacato" fue declarada a principios de 2016 debido a la juramentación de tres diputados opositores cuya elección fue suspendida por presunto fraude electoral. Desde ese momento el TSJ anula toda las decisiones que se toman en ese ámbito y ha mantenido la declaración de "desacato" pese a que los tres diputados cuestionados no están en ejercicio de funciones por decisión de la propia Asamblea.
Luego del anuncio del Tribunal Supremo de Justicia, el Legislativo venezolano, de amplia mayoría opositora, acusó de inmediato al presidente Nicolás Maduro de dar un golpe de Estado. A esta declaración la siguió la del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien consideró que se trata de un "autogolpe de Estado".
En el comunicado de prensa, el TSJ se escudó en el artículo 336.9 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece que la Sala Constitucional del TSJ debe resolver cualquier diferencia entre los poderes públicos. En este caso la sentencia de la Sala Constitucional de la corte se produjo en respuesta a un recurso de interpretación sobre la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que le da al gobierno de Maduro la potestad de crear empresas mixtas eludiendo la autorización que debe conferirle el Congreso.
La ley indica que, para constituir empresas mixtas en el sector petrolero, el gobierno necesita "la aprobación previa" del Parlamento. Sin embargo, al declarar "omisión legislativa", el TSJ indicó que no existe "impedimento alguno" para que el Ejecutivo las cree sin pasar por los legisladores.
La Constitución venezolana también establece en su artículo 187 que la Asamblea Nacional tiene funciones de contralor entre poderes. Esto implica que la Justicia viola la norma al asumir ese rol.
Además, incluso desde el ala chavista llega la acusación de "autogolpe" del régimen de Maduro.
El politólogo venezolano Nicmer Evans, que también es dirigente del partido Marea Socialista -escindido del PSUV en 2015-, dijo al portal brasileño Veja que la decisión busca además permitir que el gobierno aumente los niveles de endeudamiento que, según la Constitución venezolana, requiere la autorización parlamentaria.
"Venezuela tiene tres poderes y los tres poderes están funcionando", había dicho el presidente uruguayo Tabaré Vázquez en una entrevista realizada a comienzos de febrero con el medio alemán Deutsche Welle. En ese momento Vázquez defendió que lo que había en Venezuela era una democracia.
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| Julio Borges, miembro de la Asamblea venezolana |
La sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela señaló que asumió las "competencias" de la Asamblea Nacional de ese país para "velar por el Estado de Derecho". La decisión la mantendrá vigente mientras haya "situación de desacato" del Parlamento, indicó el organismo.
La "situación de desacato" fue declarada a principios de 2016 debido a la juramentación de tres diputados opositores cuya elección fue suspendida por presunto fraude electoral. Desde ese momento el TSJ anula toda las decisiones que se toman en ese ámbito y ha mantenido la declaración de "desacato" pese a que los tres diputados cuestionados no están en ejercicio de funciones por decisión de la propia Asamblea.
Luego del anuncio del Tribunal Supremo de Justicia, el Legislativo venezolano, de amplia mayoría opositora, acusó de inmediato al presidente Nicolás Maduro de dar un golpe de Estado. A esta declaración la siguió la del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien consideró que se trata de un "autogolpe de Estado".
En el comunicado de prensa, el TSJ se escudó en el artículo 336.9 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece que la Sala Constitucional del TSJ debe resolver cualquier diferencia entre los poderes públicos. En este caso la sentencia de la Sala Constitucional de la corte se produjo en respuesta a un recurso de interpretación sobre la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que le da al gobierno de Maduro la potestad de crear empresas mixtas eludiendo la autorización que debe conferirle el Congreso.
La ley indica que, para constituir empresas mixtas en el sector petrolero, el gobierno necesita "la aprobación previa" del Parlamento. Sin embargo, al declarar "omisión legislativa", el TSJ indicó que no existe "impedimento alguno" para que el Ejecutivo las cree sin pasar por los legisladores.
La Constitución venezolana también establece en su artículo 187 que la Asamblea Nacional tiene funciones de contralor entre poderes. Esto implica que la Justicia viola la norma al asumir ese rol.
Además, incluso desde el ala chavista llega la acusación de "autogolpe" del régimen de Maduro.
El politólogo venezolano Nicmer Evans, que también es dirigente del partido Marea Socialista -escindido del PSUV en 2015-, dijo al portal brasileño Veja que la decisión busca además permitir que el gobierno aumente los niveles de endeudamiento que, según la Constitución venezolana, requiere la autorización parlamentaria.
"Venezuela tiene tres poderes y los tres poderes están funcionando", había dicho el presidente uruguayo Tabaré Vázquez en una entrevista realizada a comienzos de febrero con el medio alemán Deutsche Welle. En ese momento Vázquez defendió que lo que había en Venezuela era una democracia.
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