Bávaro. El ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, otorgó este martes un plazo de 15 días para que las personas que han ocupados terrenos ilegales en el Distrito Municipal Verón-Punta Cana los abandonen voluntariamente.
Sí los invasores, principalmente nacionales haitianos, ubicado en las inmediaciones del sector Mata Mosquito en Bávaro, se usará las fuerzas públicas. En este lugar, a principio de marzo, un grupo de hombre atacó a Francisco Monegro, fiscal de Bávaro, cuando este acudió a una denuncia de que invasores se habían adueñado de unos terrenos privados.
Domínguez Brito ofreció las declaraciones durante la firma de un convenio con el Clúster Turístico de La Altagracia para rescatar e impulsar el turismo sostenible en la Laguna Bávaro. Ordenó a la dirección de Medio Ambiente de la provincia a ejecutar la acción.
En determinadas ocasiones, empresarios y la Asociación de Hoteles del Este (Asoleste) se han quejado de la creciente arrabalización de la zona turística, un problema que se les ha salido de las manos a las autoridades.
El mal es tan grande, que la Oficina de Planificación de la Junta Municipal del Distrito Turístico informó que pierde más de RD$10 millones al mes en cobro de arbitrios, debido a que estas lotificaciones se levantan de manera ilegal.
Varias parcelas con sus títulos de propiedad y con una extensión en conjunto que sobrepasa los 10,000 metros cuadrados han sido invadidas por unas 500 familias en esta zona, específicamente en un área que comprende el noroeste del Hoyo de Friusa, hacia la entrada del sector de Monte Verde, antiguo Mata Mosquito.
La parcela objeto del conflicto está localizada en los terrenos ubicados en la parte de atrás del Atlético Punta Cana Gimnasio y Spa, en un área que comprende unos 5,000 metros cuadrados y cuyos propietarios han comenzado a realizar acciones legales para desalojar a los ocupantes ilegales. Esos terrenos se han vendido a razón de RD$1,000.00 y RD$1,500.00 el metro.
A propósito de eso, la Sala Capitular de la Junta está trabajando en un proyecto que prohíbe el levantamiento de cualquier construcción si no cumple con los permisos adecuados.
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