La iniciativa legislativa de la autoría de la diputada del PRD, por San José de Ocoa, Esther Mirelys Minyety, compromete a las instituciones estatales establecer políticas que propicien la reinserción en el plano laboral social y familiar de las mujeres que se dedican a la prostitución en el país.
El proyecto contempla poner controles en calles aledañas que tienen carácter histórico cultural, donde a diario se colocan personas del sexo femenino para que los clientes las aborden y contraten sus servicios.
El proyecto de ‘zonas de tolerancia o rosa’ plantea que las trabajadoras sexuales, deberán portar una tarjeta expedida por el Ministerio de Salud Pública que indique su estado de salud.
La pieza plantea que el Estado Dominicano debe afianzar sus esfuerzos para que esas mujeres no continúen causando incomodidad a la familia dominicana, ya que se ubican en zonas próximos a centros laborales, calles y avenidas céntricas de la ciudad, y no dan un buen mensaje a la presente y futura generación de nuestro pueblo.
El Estado Dominicano tendrá la responsabilidad de construir o rentar las casas o lugares destinados para alojar a esas mujeres y garantizará su seguridad personal y de salud.
Los establecimientos deben estar censados y ubicados en zona distanciada de los monumentos que tengan valor histórico, artístico o cultura, de las instituciones gubernamentales o empresas privadas, residenciales y avenidas principales de la ciudad.
El proyecto de ley establece sanciones con multa de diez a treinta salarios mínimos del sector público a los establecimientos o negocios que no acaten la orden de traslado y si reinciden, se duplicará el monto de la multa.
Las personas dedicadas al trabajo sexual que no se acojan a ejercer dicha práctica en los lugares preestablecidos, serán sancionadas con una multa que no excederá de dos salarios mínimos del sector público.
Establece que a partir de la promulgación de la ley se otorga un plazo de seis (6) meses para poner en práctica los mandatos de la misma.
Con el proyecto se busca prevenir las enfermedades de transmisión sexual, donde el Estado se compromete a adoptar un conjunto de medidas como forma de controlar este fenómeno.
Contempla que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Ministerio de Interior y Policía y los ayuntamientos, harán los estudios correspondientes para determinar los lugares donde se establecerán las zonas rosas o de tolerancia y las medidas a implementar con el fin de garantizar la seguridad física y de salud de las mujeres dedicada a esa práctica.
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