Hotoniel Bonilla, director de dicho departamento, informó que comisionó para esos fines al fiscal Carlos Calcaño, con la encomienda de que haga una investigación preliminar, que determine si hay méritos o no para someter al legislador a la justicia.
Dijo que por el momento, Aristy Castro no será citado, en razón de que se trata de una investigación preliminar.
Declaró que el fiscal Calcaño trabajará en el caso bajo su dirección, con el fin de elaborar un informe preliminar.
La Cámara de Diputados se encuentra apoderada de una instancia mediante la cual, la Alianza Dominicana contra la Corrupción (ADOCCO) y el Movimiento Cívico Toy Jarto solicitaron un juicio político contra Aristy Castro, a los fines de que responda por las alegadas irregularidades encontradas por la Cámara de Cuentas en una auditoría realizada a la Liga Municipal Dominicana en el año 2006.La auditoria, dada a conocer en el programa “El Informe”, de la periodista Alicia Ortega, revela que Aristy Castro habría gastado más de 116 millones de pesos en un año en beneficios particulares.
La instancia en la Cámara de Diputados fue depositada por Julio César De la Rosa Tiburcio, coordinador general de ADOCCO, y Elizabeth Mateo Pérez, presidenta de “Toy Jarto”, quienes señalaron que el legislador merece ser despojado de la senaduría y sometido a la justicia.
Dijeron que la instancia fue depositada a través de la Cámara de Diputados porque así lo establece la Constitución de la República en su artículo 88.
Asimismo, señalan que en el artículo 83, numeral uno, establece que “la declaración de culpabilidad deja a la persona destituida de su cargo y no podrá desempeñar ninguna función pública sea o no de elección popular por un término de diez años.
La persona destituida quedará sujeta, si hubiere lugar, a ser acusada y juzgada por ante los tribunales ordinarios, con apego a la ley.” Esta decisión se adoptará con el voto de las dos tercera partes de la matrícula del Senado.
Ambas organizaciones depositaron en la Cámara de Diputados documentos donde detallan las irregularidades encontradas, entre las que figuran "bienes no localizados en el inventario físico, pagos a beneficio personal de Aristy Castro por valor de 116 millones 282 mil 888.78 y pago a sus familiares por valor de 494 mil pesos.
También, adquisiciones en comercios de parientes en Higüey por más de 84 millones de pesos. Así como la falta de recepción de productos y servicios que costaron 101 millones 735 mil 193 pesos. Además, de pagos por servicios no recibidos por más de 55 millones.
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