Las autoridades educativas del país identificaron al menos a 150 escuelas como responsables de incurrir en la práctica de cobrar por la inscripción de alumnos y otros procesos.
La revelación la hizo este viernes el ministro de Educación, Melanio Paredes, quien explicó que el dato está arrojado en la investigación que realizan tras recibir continúas denuncias de padres y tutores sobre el particular. Sin embargo, no reveló los nombres de estos centros docentes.
“No son 10 ni 20 escuelas, registramos denuncias de al menos 150 escuelas que de alguna manera directores, prevaliéndose de las asociaciones de padres y amigos de las escuelas, justificaban el cobro supuestamente para resolver problemas de saneamiento o mantenimiento de los centros”, adujo.
Los padres de los escolares afirman que en los centros educativos les cobran desde 100, 300 y hasta 500 pesos por la inscripción de sus vástagos. Otra cuota que deben pagar es la correspondiente al uniforme para la asignatura Educación Física. Dicen que también les piden un aporte para cloro, papel de baño, desinfectante, entro otros materiales.
Paredes reiteró que Educación no tolerará ese tipo de acción, porque los tiempos en que los directores cobraban por los servicios que el Estado ofrece de forma gratuita se acabaron, pero aclaró que, debido a la naturaleza de la práctica, trabajan en tratar de erradicarla creando conciencia.
“La mayoría de los casos reportados fueron en la provincia La Altagracia y particularmente en el municipio de Higüey”, señaló al ser entrevistado en el programa de Huchi Lora, de CDN La Radio.
“Insistimos que quien lo haga va a sufrir las consecuencias, tenemos ya a varios suspendidos, pero entendemos que, más que tomar medidas coercitivas o punitivas, es conveniente crear la conciencia, porque era una práctica consuetudinaria”, expresó.
“Aquí en Higüey encontramos inclusive el presidente de la asociación que defendió la acción y dice que la Ley 66-97 los faculta a que los padres cooperen con la escuela”, agregó.
Señaló que Educación no prohíbe que el padre que quiera cooperar con la escuela donde estudie su hijo lo haga, pero “eso no puede ser pretexto para que se le limite el derecho al servicio educativo a las familias o a cualquiera de los alumnos que van a buscar una inscripción o piden una certificación o toman Pruebas Nacionales”.
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