SANTO DOMINGO – La Procuraduría de República Dominicana anunció la creación de la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos para dar seguridad a los afectados por casos de narcotráfico y criminalidad compleja, cuando un proceso penal lo amerite.
El procurador general, Radhamés Jiménez Peña, dispuso que la protección abarque no solo a las víctimas, sino también a sus familiares, informó EFE. También se considerará proteger, previa verificación, a los afectados en casos de crímenes que hayan tenido gran impacto en la sociedad. El magistrado Jiménez Peña resaltó que el fortalecimiento de la Unidad de Protección a Testigos busca “que no exista la posibilidad de que algún acusado intente comprar o hacer desaparecer a cualquier testigo”, publicó Hoy.
De acuerdo con las disposiciones, adoptadas el 12 de julio, la persona protegida deberá colaborar con la administración de justicia, lo que implica comparecer al juicio y demás actos del procedimiento. Además, ésta no deberá cometer delitos y estará obligada a acatar las recomendaciones que se le hagan, a fin de mantener su seguridad.
A cambio, señaló El Nuevo Diario, “el programa proveerá atención a las necesidades sicológicas y médicas, de manutención, de seguridad y de alojamiento del protegido, y gestionará la ocupación laboral y su educación”.
El programa también involucra adelantos tecnológicos para el área judicial, pues se deberá encubrir la identidad de la víctima con métodos de distorsión de voz o imagen en el juicio y se aceptarán los testimonios por videoconferencia. Igualmente, los encargados del programa darán un trato digno al protegido y éste podrá remitir sus quejas a la autoridad pública competente cuando escapen del ámbito de atribuciones del Ministerio Público.
En situaciones urgentes, el procurador o en su caso el director nacional de la oficina de Persecución del Narcotráfico y la Criminalidad Compleja podrán disponer de la protección inmediata cuando se considere que un testigo está en inminente riesgo, señaló Diario Digital. Ese status tendrá carácter provisional y deberá ser adecuado a la extensión del juicio.
El procedimiento de protección podrá ser aplicado de oficio o a solicitud de la familia del involucrado, del Ministerio Público, de la Policía o cualquier otra agencia que cumpla con funciones de Policía Judicial, que deberán tener en cuenta los elementos de juicio necesarios para dar curso a la protección según el nivel de amenaza, y la vinculación directa del testigo con el proceso.
El procurador general, Radhamés Jiménez Peña, dispuso que la protección abarque no solo a las víctimas, sino también a sus familiares, informó EFE. También se considerará proteger, previa verificación, a los afectados en casos de crímenes que hayan tenido gran impacto en la sociedad. El magistrado Jiménez Peña resaltó que el fortalecimiento de la Unidad de Protección a Testigos busca “que no exista la posibilidad de que algún acusado intente comprar o hacer desaparecer a cualquier testigo”, publicó Hoy.
De acuerdo con las disposiciones, adoptadas el 12 de julio, la persona protegida deberá colaborar con la administración de justicia, lo que implica comparecer al juicio y demás actos del procedimiento. Además, ésta no deberá cometer delitos y estará obligada a acatar las recomendaciones que se le hagan, a fin de mantener su seguridad.
A cambio, señaló El Nuevo Diario, “el programa proveerá atención a las necesidades sicológicas y médicas, de manutención, de seguridad y de alojamiento del protegido, y gestionará la ocupación laboral y su educación”.
El programa también involucra adelantos tecnológicos para el área judicial, pues se deberá encubrir la identidad de la víctima con métodos de distorsión de voz o imagen en el juicio y se aceptarán los testimonios por videoconferencia. Igualmente, los encargados del programa darán un trato digno al protegido y éste podrá remitir sus quejas a la autoridad pública competente cuando escapen del ámbito de atribuciones del Ministerio Público.
En situaciones urgentes, el procurador o en su caso el director nacional de la oficina de Persecución del Narcotráfico y la Criminalidad Compleja podrán disponer de la protección inmediata cuando se considere que un testigo está en inminente riesgo, señaló Diario Digital. Ese status tendrá carácter provisional y deberá ser adecuado a la extensión del juicio.
El procedimiento de protección podrá ser aplicado de oficio o a solicitud de la familia del involucrado, del Ministerio Público, de la Policía o cualquier otra agencia que cumpla con funciones de Policía Judicial, que deberán tener en cuenta los elementos de juicio necesarios para dar curso a la protección según el nivel de amenaza, y la vinculación directa del testigo con el proceso.
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